Las empresas de cemento de Venezuela tienen plazo hasta el 31 de diciembre para transferir al Estado al menos 60% de sus acciones, señala el decreto sobre la nacionalización de estas compañías publicado hoy en la Gaceta Oficial.
Los accionistas de esas empresas tienen un plazo de 60 días para acordar los términos de "su posible participación accionaria en las nuevas empresas del Estado" o éstas le serán expropiadas, advierte el decreto.
La publicación de la norma de nacionalización se produce tres días después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la avalara en un fallo donde se ordenó que el sector sea controlado por el Estado venezolano "con exclusividad".
Al anunciar la nacionalización, Chávez confirmó el pasado 3 de abril que eran tres las empresas que hasta ahora controlan la actividad en su país: Cemex-Venezuela, del grupo mexicano del mismo nombre; la francesa Lafarge y la suiza Holcim.
De los poco más de diez millones de toneladas métricas de cemento producidas en Venezuela el año pasado, Cemex aportó con alrededor de la mitad, en tanto que Lafarge y Holcim el 50 por ciento restante, prácticamente en partes iguales.
Las tres exportan, según Chávez, la mayoría de su producción en detrimento del mercado local, pese a lo cual el gobernante aseguró que pagará por ellas "hasta el último centavo" que se acuerde para dicho traspaso en las negociaciones iniciadas en abril pasado.
Pese a esas negociaciones en curso, Cemex-Venezuela anunció la pasada semana que vendió en 355 millones de dólares las acciones que poseía en sus subsidiarias de Guadalupe, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago.
La estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), que forma parte de la Comisión Negociadora de la adquisición, objetó el pasado martes por "inconsulta" esa decisión de Cemex-Venezuela.
"La venta de activos internacionales de la empresa fue una decisión unilateral de su accionista mayoritario, Vencement Investments, que definió el precio y las condiciones de dicha separación (compraventa) sin notificar al Estado venezolano", dijo.
Fue una "decisión unilateral e inconsulta", adoptada pese a que Venezuela "nunca ha avalado" dicha operación, "mucho menos la forma ni el monto en que fue realizada", lo que afecta su deseo "de que todas las acciones emprendidas sean producto del consenso", subrayó PDVSA en un comunicado.
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